Bueno lo prometido es deuda. El informe de expertos independientes, del cual renunciaron Stiglitz y Pieth, fue entregado al Presidente de Panamá el viernes pasado y hoy lo pueden leer en su totalidad. Está en www.presidencia.gob.pa.
Quisiera decir que es lo mismo, pero no. Ciertamente el informe que fue presentado por Stiglitz y Pieth trata de recomendaciones a nivel global (como pretendieron de un inicio). El informe de expertos independientes trata el tema específico de Panamá. Sin embargo lo veo como un FODA en esteroides. Sorry , pero así lo siento luego de leer las 22 páginas. Todavía no me leo los anexos, pero si así es el informe, no creo que en los anexos vaya a encontrar algo que me deslumbre.
Los expertos atinadamente determinan las fortalezas de Panamá y su sector de servicios. También son muy claros en su tamaño e importancia para la economía nacional; y sin dejarlo atrás también son muy claros en la cantidad de negocio que representa para nuestro PIB los servicios legales que se generan en nuestro país, el cual es poco dada la cantidad de abogados que hay.
El informe describe muy bien que hay una serie de temas que Panamá tienen que definir y acoplar a la realidad actual a nivel mundial. Ahora cuál es esa realidad actual a nivel mundial? La realidad es que hay un nuevo orden mundial que ha declarado la evasión fiscal como un mal endémico que debe ser sancionado y criminalizado por todos los países del mundo. Este es el primer punto con el que hay que lidiar.
Primero que todo Panamá tiene que decidir que va a criminalizar la evasión fiscal en todos sus niveles. Actualmente la evasión fiscal en Panamá no es un delito para todos los impuestos. He ahí el tema a discutir. En otros países la evasión fiscal abarca a todos los tributos, ya sean locales, regionales, provinciales, nacionales, estatales, federales, y por ahí nos vamos. Este no es el caso de Panamá.
Aquí todos sabemos que mucha, pero mucha gente pasa agachado en el tema tributario. Si acaso pagan el ITBMS cuando compran un bien o pagan un servicio. La mayoría no pagara impuesto sobre la renta si no se lo descuentan del cheque. Los que lo hacen es por temas de licitaciones y otros asuntos que requieren estar en paz y salvo con el Tesoro Nacional. La gran mayoría de profesionales independientes en este país no pagan impuestos de sus rentas, y es la realidad. Muchas pequeñas empresas en vez de declarar dividendos, los cuales pagan impuestos, prefieren “prestar” a sus accionistas para disfrazar el pago de utilidades.
El panameño tiene que empezar a tener regularidad tributaria. Eso es necesario para que todo esto haga sentido y funcione internamente. En mi opinión esto tiene que ser tanto de afuera para adentro, como de adentro hacia afuera.
Segundo es el tema de la supervisión, regulación, reglamentación y todo lo conexo a la industria de los servicios legales, fideicomisos, servicios bancarios, etc.
Comienzo por los servicios legales. Claramente el comité apunta a una supervisión más estricta de los abogados. Hoy en la televisión uno de los miembros del comité explicó que una de esas recomendaciones es que, primero, solo los abogados pueden ofrecer servicios de constitución de sociedades anónimas y cualquier otra persona jurídica en Panamá. Yo lo entendí como que aquellas empresas que venden sociedades y fundaciones, y no son abogados, no van a poder seguir operando como tal. Segundo, que los abogados que se dediquen habitualmente a constituir personas jurídicas en Panamá deberán contar con una licencia para tal efecto. Aquí se están copiando de otras jurisdicciones como Caimán y las BVI, donde se necesita licencia de fiduciario para tal efecto, y por ende otras reglamentaciones se le aplican.
Recordemos que todo esto es por los Panama Papers, que al fin fue una filtración de documentos de una firma de abogados. Por ende el comité se centra más en los servicios legales que en otros servicios. Haciendo memoria recordarán que la mayoría de las transacciones bancarias que involucraron a los Panama Papers fueron en su mayoría en otros países, y con instrumentos en su mayoría de otras jurisdicciones. Sin embargo la firma está radicada en Panamá, y lo que buscan entender es cómo hacer todo esto más transparente para que los países del G-20 no puedan decir que Panamá no coopera con el orden mundial.
Para no aburrirlos tanto, el tema aquí son los impuestos primordialmente, y luego el blanqueo de capitales de actividades ilícitas. Las reglas del juego van a cambiar. Los abogados tendrán la responsabilidad de determinar con plena certeza de quién es el beneficiario final de una persona jurídica, y a su vez poder identificarlo. Igualmente habrá que mantener registros contables de las personas jurídicas, o por lo menos saber dónde están (o dónde deben estar). Panamá tiene que definir el marco jurídico para el intercambio de información a la brevedad, y todos los actores en este sector (abogados, contadores, banqueros, etc.) tienen que estar al día para evitar sanciones de todo tipo. La primera sospecha de algo raro tocará alertar a la autoridad correspondiente, y esto no deberá acarrear ninguna sanción ni repercusión al ejercicio de la profesión.
El mundo tiene que entender que ahora Panamá se une al grupo de países que abrazarán la transparencia como el camino hacia el futuro. Panamá no será la jurisdicción que todo lo calla y todo lo oculta, y sus abogados (parece ser) que tampoco podrán arroparse en otras jurisdicciones porque todo indica que de domiciliarse aquí entonces se te aplicará la ley panameña, y alegar que lo hizo una filial tampoco será excusa para zafarse de un problema.
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